Sí, es legal, siempre que se cumplan los requisitos anteriores. La videovigilancia en comunidades de propietarios es una práctica plenamente admitida cuando responde a una finalidad legítima de seguridad y se aplica con proporcionalidad.

La clave está en dónde se orientan las cámaras. Su ubicación natural son las zonas comunes: portales, pasillos, ascensores, garajes, trasteros y accesos al perímetro. En cambio, no pueden dirigirse a espacios donde existe una expectativa razonable de intimidad, como el interior de las viviendas, ni enfocar de forma individualizada la puerta de un vecino concreto. Tampoco procede instalarlas en aseos o vestuarios de las zonas comunes.

Respecto a la vía pública, conviene ser preciso: no está prohibida de forma absoluta, pero sí muy limitada. Si la única forma de cubrir la entrada del edificio implica captar una franja de acera, la norma lo admite; lo que no se puede hacer es vigilar la calle, las plazas de aparcamiento públicas o la fachada del edificio de enfrente. Ante la duda, el criterio es siempre el mínimo imprescindible para la finalidad declarada.

Más allá del acuerdo de la junta, hay una serie de obligaciones concretas que la comunidad debe cumplir desde el primer día de funcionamiento del sistema:

• Acuerdo válido de la junta, con la mayoría de tres quintos del artículo 17.3 de la LPH, recogido en el acta.
• Cartel informativo visible en todos los accesos a la zona videovigilada. Según el artículo 22.4 de la LOPDGDD, debe identificar como mínimo la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y dónde ejercer los derechos de protección de datos.
• Plazo máximo de conservación de un mes desde la captación de las imágenes, salvo que deban conservarse para acreditar una infracción o a requerimiento de la autoridad.
• Captación de vía pública limitada a lo imprescindible. La ley no la prohíbe de forma absoluta, pero solo la admite cuando resulta indispensable para la finalidad de vigilancia o imposible de evitar por la ubicación de las instalaciones.
• Registro de actividades de tratamiento, donde la comunidad documente la finalidad del sistema, los plazos y quién accede a las imágenes.
• Acceso restringido a las grabaciones. Solo deben poder consultarlas las personas expresamente autorizadas; ni los vecinos a título individual ni terceros tienen derecho a acceder libremente a las imágenes.
• Sin grabación de sonido, salvo justificación específica. La AEPD viene considerando la captación de audio desproporcionada en la mayoría de los casos.